¿Qué es la Ley 415 del 2023? Remates de Bienes Inmuebles
La Ley 415 de 2023 de Panamá es una legislación importante relacionada con el procedimiento de ejecución de hipotecas y remates judiciales. Esta ley establece una serie de reformas y disposiciones que afectan el sistema judicial panameño, particularmente en lo que respecta a los procedimientos judiciales de ejecución de hipotecas y la venta de bienes inmuebles para cubrir deudas.
A continuación, te trato de explicar la Ley 415 de 2023:
Fue promulgada para reformar el Código Judicial y las leyes relacionadas con los procedimientos de ejecución forzosa, con el fin de optimizar los procesos judiciales, hacerlos más ágiles y transparentes, y mejorar el acceso a la justicia. La ley tiene como propósito fortalecer la eficiencia y transparencia en los remates judiciales, especialmente en los casos relacionados con hipotecas y la ejecución de sentencias, así como regular algunos aspectos de la ejecución de sentencias civiles.
El remate judicial es un proceso a través del cual se venden bienes inmuebles (y otros activos) para satisfacer deudas impagas. La reforma de esta ley tiene como fin agilizar estos procesos, garantizar la correcta valoración de los bienes, y asegurar que todas las partes involucradas en el proceso tengan un acceso más justo y equitativo a la justicia.
Las reformas introducidas por la Ley 415 de 2023 abarcan diversos aspectos del proceso de remate y ejecución de bienes inmuebles, entre las cuales se incluyen:
a) Agilización de los Procedimientos Judiciales
Una de las principales reformas de esta ley es la agilización de los procesos judiciales relacionados con la ejecución de hipotecas y el remate de propiedades. Esto implica una reducción en los tiempos necesarios para la realización de remates judiciales, lo que busca hacer más eficiente la liquidación de activos para el pago de deudas.
b) Mejoras en el Sistema de Subastas y Remates Judiciales
La ley establece que las subastas y remates judiciales se realizarán bajo criterios más claros y específicos, con el objetivo de promover la transparencia y la competencia en el proceso de venta de bienes. También se introducen mejoras tecnológicas, permitiendo que algunos de estos procesos se realicen de forma electrónica o mediante plataformas digitales, facilitando el acceso a una mayor cantidad de postores.
c) Reformas al Avalúo Judicial
La ley también introduce cambios en la forma en que se realiza el avalúo judicial de los bienes que serán rematados. Con las nuevas disposiciones, se busca garantizar que los avalúos sean más precisos y realistas, tomando en cuenta una mayor cantidad de factores que reflejen de manera fiel el valor de mercado de la propiedad. Esto permite que tanto deudores como acreedores estén mejor protegidos frente a tasaciones injustas.
d) Protección de los Derechos de los Deudores
Con el fin de equilibrar la protección de los derechos tanto de los acreedores como de los deudores, la ley establece nuevas normativas para garantizar que los deudores sean tratados de manera justa durante el proceso judicial. Esto incluye procedimientos de notificación más claros y detallados, y la posibilidad de que los deudores presenten pruebas de que la deuda ya ha sido pagada o disputen la ejecución de la misma.
e) Incentivos a la Conciliación y Acuerdos Extrajudiciales
La ley promueve también la conciliación extrajudicial entre las partes involucradas en una ejecución hipotecaria. Se establecen incentivos para que los deudores puedan llegar a acuerdos de pago fuera de los tribunales, reduciendo así la necesidad de rematar los bienes inmuebles. Esto fomenta la solución de conflictos de manera más rápida y menos costosa.
Bajo este contexto, ya sea entidad bancaria o deudor tienes el derecho a presentar un avalúo con el valor justo de mercado, entre las partes.
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